Atiendo el tema de la Reforma
Constitucional en materia de telecomunicaciones, gracias a la solicitud de
algunos amigos, que por mi encargo como servidor público en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y la propia de libre pensador, han considerado
podría ser de utilidad para la formación de opinión pública.
Lo primero que hay que
mencionar son los objetivos de dicha reforma, los cuales como lo externó el
propio Presidente de la República son tres; Eliminar la concentración en
telecomunicaciones y radiodifusión para generar condiciones de competencia
efectiva, incrementar los niveles de
cobertura y penetración de los servicios, superando los rezagos históricos del
sector en nuestro país y mejorar los
niveles de calidad y precio en beneficio de los usuarios.
Pero como en todo proyecto de
ley y/o política pública, si los fines no van acompañados por medios eficaces para
implementarlos, solo estaremos hablando de un catálogo de buenos deseos, por lo
que la reforma también establece dos instrumentos fundamentales para alcanzar
dichos objetivos; Medidas regulatorias orientadas a eliminar distorsiones de
mercado derivadas de la alta concentración, y proyectos de infraestructura y
conectividad social.
Del primero de estos
instrumentos podemos apuntar que por mandato constitucional, a más tardar en
Marzo de este año, el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL)
deberá declarar a los agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones y
radiodifusión, a fin de limitar su poder de concentración. Para efectos de esta
reforma, es preponderante quien directa o indirectamente tenga una participación
nacional en estos sectores mayor al 50%,
medido por usuarios, suscriptores, audiencia, tráfico de redes o
capacidad utilizada.
La reforma también ordenó la
licitación de dos nuevas cadenas de televisión. El Instituto deberá publicar a
más también en marzo las bases de licitación respectivas. Adicionalmente, la
reforma ordenó la retransmisión de las señales de televisión abierta por parte
de los concesionarios de televisión restringida.
Del segundo
instrumento referente a la infraestructura y la conectividad, la reforma prevé
proyectos como el crecimiento de la Red Troncal de CFE y el despliegue de una
Red Compartida de telecomunicaciones que provean
servicios mayoristas atendiendo zonas que actualmente no son cubiertas; como
consecuencia, también se promoverá la competencia en el sector, ya que existirá
un mayor número de compañías que ofrezcan estos servicios.
A su vez, se
llevará conectividad a 250 mil sitios y espacios públicos como escuelas,
clínicas, centros comunitarios y otros inmuebles públicos, a través de “México Conectado”, lo que implica que
será el programa de conectividad más ambicioso de acceso a banda ancha en el país. Todo esto sumado a la transición a la televisión digital,
que para el 2015 se prevé todo el país contará con este tipo de señal, lo cual desencadenará
una mayor competencia en beneficio de la población.
En el momento que hoy nos encontramos, la reforma
carece de legislación secundaria que aterrice de manera específica la reforma
constitucional en temas trascendentales como: Distribución de competencias
entre el Ejecutivo y el IFT y las funciones del mismo, regulación del espectro,
las redes y los servicios, interconexión, propiedad cruzada y preponderancia, compartición
de infraestructura, derechos de los usuarios, multiprogramación y
retransmisión, sanciones entre otros.
El éxito de esta reforma tendrá como parámetros el
dinamismo y la desconcentración de los mercados en esta materia, y que a su vez
estos se traduzcan en mejores servicios para los mexicanos. Como toda reforma
de grandes alcances, los obstáculos no serán menores ya que como el propio
Maquiavelo decía “el innovador se
convierte en enemigo de los beneficiarios del orden imperante”.
Esta reforma pretende acabar con los atavismos del
pasado y las practicas cuasi
monopólicas que por años han acechado el desarrollo del sector, por el bien
México esperemos así sea.
Comentémoslo en twitter; @jorgeivand
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