martes, 25 de febrero de 2014

El Chapo y sus efectos


 


La detención de “El Chapo” Guzmán, ha causado un gran revuelo en el ámbito nacional e internacional, la figura de Joaquín Guzmán Loera se había mitificado a lo largo de las últimas dos décadas a un nivel que sólo puede ser comparado con el del famoso colombiano Pablo Escobar Gaviria, anotando que este último no alcanzó el poder y los alcances que hicieron de “El Chapo” una figura que hasta Forbes registraba dentro de los hombres de mayor riqueza en el mundo.


El prófugo de Puente Grande, que algunos desde la hazaña llamaron “Puerta Grande”, es un icono del narcotráfico internacional y sobre todo el mayor exponente de la cultura de devoción a esta actividad, que bien o mal ha permitido que miles de familias sobrevivan a la miseria prevaleciente en el subcontinente.


No me sorprendió ver en las redes sociales manifestaciones de tristeza y hasta de enojo por la captura de este Zar de las drogas, casi todos habíamos escuchado historias sobre la generosidad que lo caracterizaba y la forma en que pacíficamente administra sus territorios.


Lo cierto es que la captura de este mítico personaje tendrá efectos que en el corto y el mediano plazo serán evidentes en la vida, social, económica y política del país. En los últimos días hemos sido testigos del gran reconocimiento que el Gobierno de la República ha tenido por parte de la comunidad internacional, lo cual sin duda repuntará la buena imagen que hasta el momento ha mostrado nuestro país.

 
Lo anterior sin duda, suma junto con las reformas recién aprobadas un cúmulo de buenas señales para la inversión extranjera y la atracción de capitales, patentando que la visión de darle un giro a la conducción del país va más allá de los discursos que desde hace poco más de una década venimos escuchando.


También marca una beligerante diferencia en la forma de combatir el crimen organizado en nuestro país, ya que ésta y las últimas detenciones, se han hecho sin efectuar un solo disparo, lo que contrastado con el saldo de muertos, o dicho de otra forma “daños colaterales” del sexenio anterior, pone en evidencia lo erróneo de la pasada estrategia.


El Jefe del Cartel de Sinaloa, no es un capo más, de su detención y declaraciones, forzosamente tendrán que irse develando las grandes redes de complicidad y corrupción de las instituciones que permitieron su fuga y su permanencia fuera de la ley durante más de una década, así como de la operación y estructura de los cárteles dominantes en el territorio nacional.


Así que como efectos, no sólo debemos esperar los mediáticos y de imagen internacional, también debemos esperar aquellos que lleven tras las rejas a los que desde el poder has auspiciado la ilegalidad y la corrupción del Estado Mexicano hasta el punto de convertirlo en cómplice de la delincuencia.

 
La extradición será un paso de EEUU exigirá a las autoridades mexicanas para evitar sucesos como el de Puente Grande, pero antes de ello, el Capo de Capos tendrá que cooperar con las autoridades del Gobierno de la República para fortalecer la inteligencia con la que hasta ahora y partir del 2012 se ha trabajado sin generar inestabilidad social.

 
El Cártel de Sinaloa, seguirá operando como hasta ahora lo ha hecho, sus estructuras son demasiado sólidas para depender de un solo hombre, pero sin duda la información que Joaquín Guzmán Loera proporcione, será determinante para ir minando el poder que hasta ahora han conseguido estos grandes consorcios de lo ilegal.


Lo que no podemos negar y sería mezquino hacerlo, es la determinación con la que en el primer año de gobierno ha actuado el Presidente Peña Nieto, más allá de los discursos y las buenas intenciones, esta administración está dando muestras serias de que el cambio puede ser posible.


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miércoles, 19 de febrero de 2014

TLCAN: El Ying-Yang de nuestra economía



 


Libre Comercio es un concepto económico, referente a la venta de productos entre países, libre de aranceles y de cualquier forma de barreras comerciales. El libre comercio supone la eliminación de barreras al comercio entre individuos y empresas de diferentes países.

 

A partir de 1986, con la firma del GATT, (General Agreement on Tariffs and Trade) nuestro país tuvo al libre comercio como hoja de ruta económica para mejorar las condiciones y calidad de vida de los mexicanos, a través de la libre competencia y el acceso de los diversos bienes y servicios que esta ofrece.

 

Pero fue hasta 1994, a partir de la firma del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) cuando nuestro país pasó de la teoría a la práctica en esta materia. Este primer tratado de libre comercio firmado por Estados Unidos, se acreditó como el más importante de su tiempo, ya que con su firma se alcanzarían los resultados previstos por la teoría tradicional, pues el acuerdo permitía que cada economía se especializara en los sectores con mayores ventajas comparativas.  

 

A veinte años de la implementación de este acuerdo trilateral, los estudios, críticas y argumentos entorno al mismo, han sido tan variados y disímiles como el propio número de analistas que han ahondado en el tema. Lo cierto es que este instrumento dio un giro de ciento ochenta grados a la dinámica económica de nuestro país y logró elevar el acceso a un mayor número de bienes y servicios en comparación al antiguo modelo de sustitución de importaciones.

 

La trascendencia de este cambio, ha tenido efectos que van más allá de las cifras de intercambio comercial, que por decir algunos datos, desde la firma de este tratado las exportaciones totales de México han crecido a un ritmo de 10.6% en promedio anual, pasando de 106,452.7 mdd de comercio total con EEUU en 1994 a 472.954.2 mdd en 2012. Y qué decir de Canadá, que de un valor total de las exportaciones de 1, 519.4 mdd en 1994, pasamos a 10,937.5 mdd en 2012.

 

Por cada dólar que México exporta al mundo, 37% tiene valor agregado que proviene de EEUU y 23% de Canadá. El 81% de las exportaciones mexicanas corresponde al rubro de manufacturas, resultado de la colaboración con ambos tres países.

 

Pero como hemos mencionado, los efectos del TLCAN van mucho más allá de la cifras de intercambio comercial, desde el punto de vista geopolítico, este acuerdo impulsó el Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico (APEC), hizo posible la ronda de Uruguay que estableció la Organización Mundial de Comercio, generó una serie de negociaciones en América Latina, fue antecedente del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y ahora de la Alianza Pacífico, así como el punto de comparación para otros esfuerzos, como el Mercosur.

 

Gracias a este golpe de timón en la política comercial de nuestro país se adquirió una visión anti-inflacionista, disímil a la adquirida por los gobiernos anteriores a la década de los 80’s, resolviendo estos problemas en el corto plazo tras su entrada en vigor.

 

Otro de los efectos que podemos mencionar, es el que revela un estudio del Instituto Nacional de Nutrición, el cual demostró, que el consumo de carne en el decil más pobre de la población se duplicó entre 1992 y 2006. La prevalencia nacional de talla de baja en niños menores de 5 años se redujo del 26 por ciento, al 13 por ciento, en 2012 (ENSANUT). Un cambio tan importante en la salud de los mexicanos debe  obedecer a múltiples factores, sin embargo, con base en el aumento de proteínas por consumo de pollo, se puede considerar esta hipótesis, como consecuencia de la apertura comercial.

 

El TLCAN no sólo ha implicado el intercambio de coches, televisiones y aguacates, sino también se puede medir en un aumento de la capacidad consumo de los mexicanos. A partir del censo del 2000, el INEGI comenzó a medir el número de hogares con refrigerador y lavadora. Entre 2000 y 2010, el número de hogares con estos electrodomésticos creció en 56 por ciento para frigoríficos y 67 por ciento para lavadoras. Estos bienes de consumo dignifican la vida y el trabajo doméstico de millones de familias.

 

Sin embargo hay que manifestar, que los resultados no han sido del todo contundentes, debido a que el propio acuerdo fue considerado más como un fin y no como un medio, ya que desde su inicio y por la celeridad de las negociaciones en el contexto geopolítico, no se acompañó de una bien planeada y orientada política industrial, lo cual no contribuyó a generar valor agregado a la industria mexicana ni a la articulación de cadenas productivas.

 

También hay que decir que somos un país mayoritariamente exportador, pero de importaciones, ya que la ausencia de una estrategia industrial ha beneficiado la importación de insumos y bienes finales, generando la gran mayoría de las ocasiones empleos manufactureros de muy baja remuneración y de pocas garantías laborales. Adicionalmente se ha resaltado que el concepto actual de libre comercio favorece el movimiento libre de productos y empresas, lo cual es favorable para los países desarrollados, pero esto no va a la par con el libre movimiento de trabajadores, lo cual favorecería a las naciones “en vías de desarrollo” como la nuestra.

 

El mercado común como la propia Unión Europea lo entendió en su proceso de integración, debe ser la ruta que sigamos como región económica si queremos realmente aprovechar los beneficios que este concepto abarca, pero también las tareas internas de fortalecimiento económico del sector productivo e industrial, son asignaturas pendientes para fortalecer nuestra competitividad y nuestro carácter de socios estratégicos de las diferentes regiones económicas de las que formamos parte.

 

El TLCAN, ha mostrado luces y sombras, y se ha simbolizado como un ying-yang de nuestra economía, Sin embargo, por trascendente que sea, por sí solo, este tratado resulta insuficiente para reinventar el destino de una nación.

 

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martes, 11 de febrero de 2014

Reforma de Transparencia… Un reto de ética pública





La historia del servicio público en nuestro país ha estado sumida en la corrupción, el tráfico de influencias y la arrogancia de las oficinas gubernamentales, lo cual ha mermado el funcionamiento de las instituciones y ha repercutido de manera directa en el declive de nuestros niveles de competitividad y atracción de inversiones.

 

Norberto Bobbio, Sostiene que la democracia no ha logrado eliminar el “poder invisible”, es decir, el gobierno democrático no conduce necesariamente a la transparencia del poder, como lo demuestran las experiencias italiana y mexicana, que han padecido sistemáticamente la complicidad del poder político y el crimen organizado.

 

El mismo ideal se aprecia ahora en la importancia que concedemos a la opinión pública y a los medios de comunicación, pues representan mecanismos modernos para deliberar los asuntos públicos y vigilar el poder a través de lo que Bobbio califica como “el escándalo”, que no es más que la publicación de casos de corrupción y crimen que castigan la reputación de los que cometen tal o cual ilegalidad.

 

Sin embargo esta denostación pública de la ética del funcionario que comete una irregularidad o delito, es elemento necesario, pero no suficiente, se requiere de un entramado legal e institucional sólido para hacer del buen ejercicio del poder, una práctica que no solo genere la satisfacción del deber cumplido, sino una también que tenga la capacidad de sancionar al nivel que amerita la mala administración de los recursos de todos los contribuyentes.

 

Nuestra Constitución Política, establece como derecho y garantía individual en su artículo 6to. el acceso a la información, el cual en teoría  favorece la transparencia en el gobierno y la rendición de cuentas de todos los servidores públicos, lo cual tiende a mejorar la eficiencia de las instituciones federales y la calidad de sus servicios.

A partir del 12 de junio del 2003, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental obliga a todas las dependencias y entidades del gobierno federal a dar acceso a la información contenida en sus documentos, respecto, entre otras cosas, a su forma de trabajo, al uso de los recursos públicos, sus resultados y desempeño.

Sin embargo en el transcurrir de los años se ha demostrado que el conglomerado institucional y legal en esta materia es necesariamente perfectible; la falta de mecanismos sancionadores, la autonomía y capacidad de acción del organismo regulador y las limitaciones para determinar sujetos obligados, han vislumbrado la exigencia de nuevos caminos para fortalecer las disposiciones en la materia.

La reforma de transparencia promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por el Congreso de la Unión, establece nuevas medidas para fortalecer la rendición de cuentas de las instituciones que reciben recursos públicos, los principales componentes de esta Reforma Constitucional se pueden ubicar en tres apartados:

Primero: El fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública.

Con la Reforma se amplía el universo de sujetos obligados, al incluir a nuevas personas físicas y morales, entidades, organismos y dependencias.

Segundo: La creación de nuevas y más sólidas instituciones de transparencia.

Se consolida un nuevo órgano garante de la transparencia y el acceso a la información pública. Se trata de una institución con autonomía constitucional, para hacer que prevalezca el interés general de los mexicanos por encima de presiones, influencias o consideraciones particulares, cuyas determinaciones serán definitivas e inatacables, salvo en casos que pongan en riesgo la seguridad nacional, resaltó.

Además la Reforma sienta las bases para crear organismos locales autónomos, garantes del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en las 32 entidades federativas”

Tercero: Se establecen nuevas facultades para el organismo garante nacional. Esta nueva institución tendrá, más facultades y posibilidades de atracción y sanción.

Entre otros temas, la reforma también contempla que serán sujetos obligados; cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad con el ámbito federal, estatal y municipal.

Por supuesto que para llevar a buen puerto un proceso como el aquí expuesto, tanto gobiernos, como ciudadanía deben participar, como dos polos de la rendición de cuentas; si únicamente se tratara de reformar, adicionar o lanzar nuevas leyes e instituciones para instrumentarlas, no haría falta apelar a la participación de la sociedad; pero en virtud de que se trata de un proceso esencialmente democrático, sin la presencia de un ciudadano que exige cuentas a su gobierno; el proceso se convierte en un conjunto de buenos deseos.

 

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jueves, 6 de febrero de 2014

Autodefensas como Política pública



El surgimiento de grupos armados como resultado de la incapacidad del Estado de proporcionar seguridad, no es nuevo en nuestro país ni en Latinoamérica, basta con mencionar los grupos paramilitares en Colombia o las propias células surgidas en nuestro país durante la revolución de 1910 para evitar los abusos de quien “a río revuelto”, querían obtener las ganancias del pescador.

A raíz de la lucha encarnizada que se generó hace poco más de un lustro contra el crimen organizado, las consecuencias de la fallida estrategia siguen siendo pan de cada día en materia de Seguridad Pública en nuestro país.
 
El tema del surgimiento y apogeo de los grupos de autodefensa en diversas entidades federativas, específicamente en Michoacán, has sido motivo de que México, figure nuevamente de manera negativa en los principales medios nacionales e internacionales.
 
Lo cierto es que no es un tema menor, las autodefensas son el reflejo más revelador de un pasado ineficaz y de un presente preocupante, ya que en un sistema republicano, el hecho de que el ciudadano tome en su mano la justicia y la ejerza sin consentimiento de la ley, es un indicio del resquebrajamiento del estado de derecho.
 
La decisión de integrar a los grupo de autodefensa a la vida institucional del país, es a mi opinión una forma adecuada de convertir una amenaza en un área de oportunidad, ya que el surgimiento aunque no legal de estos grupos, si cuenta con un origen legítimo como lo es la preservación de la propia vida y la propiedad privada, basamentos primigenios para la existencia de todo Gobierno.
 
Convertir un tema de seguridad pública y estado de derecho en uno de política pública y solidez institucional, es una inteligente y hábil respuesta a un tema que puede poner a tambalear la imagen de nuestro país en el exterior y padecer los efectos que esto genere.
 
La idea se antoja correcta, pero como toda política pública, esta tiene que pasar por varias etapas para asegurar su correcta implementación; los requisitos de integración, el adiestramiento, la capacitación, el equipamiento y el relevo de mandos informales por mandos militares, serán los verdaderos parámetros que muestren la eficacia de este anuncio, que se vislumbra astuto y conveniente. 
Por el bien de la vida institucional, esperemos así sea. 

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El Nuevo Espectro de las Telecomunicaciones




Atiendo el tema de la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones, gracias a la solicitud de algunos amigos, que por mi encargo como servidor público en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la propia de libre pensador, han considerado podría ser de utilidad para la formación de opinión pública.

 

Lo primero que hay que mencionar son los objetivos de dicha reforma, los cuales como lo externó el propio Presidente de la República son tres; Eliminar la concentración en telecomunicaciones y radiodifusión para generar condiciones de competencia efectiva, incrementar los niveles de cobertura y penetración de los servicios, superando los rezagos históricos del sector en nuestro país y mejorar los niveles de calidad y precio en beneficio de los usuarios.

 

Pero como en todo proyecto de ley y/o política pública, si los fines no van acompañados por medios eficaces para implementarlos, solo estaremos hablando de un catálogo de buenos deseos, por lo que la reforma también establece dos instrumentos fundamentales para alcanzar dichos objetivos; Medidas regulatorias orientadas a eliminar distorsiones de mercado derivadas de la alta concentración, y proyectos de infraestructura y conectividad social.

 

Del primero de estos instrumentos podemos apuntar que por mandato constitucional, a más tardar en Marzo de este año, el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) deberá declarar a los agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión, a fin de limitar su poder de concentración. Para efectos de esta reforma, es preponderante quien directa o indirectamente tenga una participación nacional en estos sectores mayor al 50%,  medido por usuarios, suscriptores, audiencia, tráfico de redes o capacidad utilizada.

 

La reforma también ordenó la licitación de dos nuevas cadenas de televisión. El Instituto deberá publicar a más también en marzo las bases de licitación respectivas. Adicionalmente, la reforma ordenó la retransmisión de las señales de televisión abierta por parte de los concesionarios de televisión restringida.

Del segundo instrumento referente a la infraestructura y la conectividad, la reforma prevé proyectos como el crecimiento de la Red Troncal de CFE y el despliegue de una Red Compartida de telecomunicaciones que provean servicios mayoristas atendiendo zonas que actualmente no son cubiertas; como consecuencia, también se promoverá la competencia en el sector, ya que existirá un mayor número de compañías que ofrezcan estos servicios.

A su vez, se llevará conectividad a 250 mil sitios y espacios públicos como escuelas, clínicas, centros comunitarios y otros inmuebles públicos, a través de “México Conectado”, lo que implica que será el programa de conectividad más ambicioso de acceso a banda ancha en el país. Todo esto sumado a la transición a la televisión digital, que para el 2015 se prevé todo el país contará con este tipo de señal, lo cual desencadenará una mayor competencia en beneficio de la población.

En el momento que hoy nos encontramos, la reforma carece de legislación secundaria que aterrice de manera específica la reforma constitucional en temas trascendentales como: Distribución de competencias entre el Ejecutivo y el IFT y las funciones del mismo, regulación del espectro, las redes y los servicios, interconexión, propiedad cruzada y preponderancia, compartición de infraestructura, derechos de los usuarios, multiprogramación y retransmisión, sanciones entre otros.

 

El éxito de esta reforma tendrá como parámetros el dinamismo y la desconcentración de los mercados en esta materia, y que a su vez estos se traduzcan en mejores servicios para los mexicanos. Como toda reforma de grandes alcances, los obstáculos no serán menores ya que como el propio Maquiavelo decía “el innovador se convierte en enemigo de los beneficiarios del orden imperante”.

 

Esta reforma pretende acabar con los atavismos del pasado y las practicas cuasi monopólicas que por años han acechado el desarrollo del sector, por el bien México esperemos así sea.

 

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