Un 17 de octubre de 1947 durante el periodo de Miguel Alemán como presidente de México, se le otorga por primera vez en el país, el derecho a las mujeres de votar y ser votadas, pero no es hasta 1953 en el sexenio de Ruiz Cortines cuando constitucionalmente se le da la plenitud de derechos ciudadanos a la mujer mexicana.
Sin embargo antes de la enmienda constitucional ya en 1952 por primera vez en el Congreso de la Unión había una diputada federal electa; Aurora Jiménez de Palacios (PRI) y en 1964 las primeras senadoras hicieron presencia en la cámara alta; María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia, del mismo partido.
Independientemente a esto ya había antecedentes de carácter local sobre la participación política de las mujeres México, en 1923 Elvia Carrillo Puerto fue la primera mexicana electa diputada de un Congreso local (Yucatán) y ese mismo año en la capital del mismo estado, Mérida, Rosa Torres es electa como primera regidora del país. Luego en 1938, Aurora Meza Andraca es electa como primer presidenta municipal en la capital de Guerrero, Chilpancingo.
En el contexto internacional y a manera comparativa, el voto de la mujer llego un poco tarde a nuestro país, Noruega fue el primero que desde 1893 concedió el voto a la mujer en igualdad de circunstancias que a los varones, le siguieron Australia, Finlandia y Noruega en los años posteriores.
El primer país del continente americano en conceder el voto femenino fue Uruguay en 1917, luego Estados Unidos en 1920, Ecuador en 1929, Cuba 1934, El Salvador 1939, Canadá 1940 entre otros cuantos países americanos que se nos adelantaron por así decirlo, en igualar los derechos políticos a las mujeres.
Sin embargo el hecho de que en la ley se establezcan derechos, no quiere decir que por consiguiente se cumplan, el mundo sería perfecto si así fuera, por lo cual, se han establecido a nivel nacional e internacional diferentes mecanismos para fortalecer la participación de la mujer. Como los tratados de Belem do Para a nivel internacional y las modificaciones a la las leyes y códigos electorales para asegurar la equitativa participación de la mujer en la vida política nacional y local.
México ha contado con tres candidatas a la Presidencia de la Republica desde 1988 la primera en ese año; Rosario Ibarra por el extinto Partido Revolucionario de los Trabajadores, luego Cecilia Soto en 1994 por el Partido del Trabajo y Patricia Mercado en el 2006 por el también fallecido Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, pero ninguna de las anteriores con posibilidades reales de ganar.
La participación política de la mujer jurídicamente podría darse por hecho en este país, sin embargo, vemos como se transgrede la ley -como en muchos otros temas- y se usan las cuotas de equidad solo para registrar suplentes o después de electas despojarlas de sus cargos o simplemente para cubrir la opinión pública y proyectar una maquillada equidad de género.
Hablemos claro, la participación política de la mujer es algo más de derecho que de hecho y su transcurrir en la historia nacional ha tenido avances significativos, pero no ha alcanzado su verdadera y natural expresión.
La mujer que es la más violentada entre los violentados, la más pobre entre los pobres, la más enferma entre los enfermos y la más abnegada de los abnegados. La mujer necesita ubicar primero su realidad, organizarse en base a sus necesidades comunes y pugnar por la ratificación de sus derechos, una ratificación que le de espíritu a las leyes y las haga verdaderamente justas y reales.
La política necesita de la participación de la mujer, ellas le dan credibilidad y sensibilidad a la política y a la vida agregaría yo, algo que en estos tiempos la política pide a gritos.
